La política de infraestructura de transportes requiere, por tanto, un enfoque global no se trata sólo de la idea original de asegurar la movilidad. Se necesitan conceptos de transporte suprarregionales en los que se tengan en cuenta las distintas formas de participación en el tráfico, la demanda y también los objetivos políticos en el área de la transformación de la movilidad. Estos conceptos deben adoptarse y aplicarse para proyectos locales. Los aspectos esenciales tanto de los distintos proyectos como del concepto general deben ser la seguridad (vial y general), la sostenibilidad de las medidas y, por tanto, de la movilidad que fomentan, la neutralidad climática de la implementación y el «uso», la garantía de facilidad de utilización, mantenimiento y conservación, así como la generación de espacios habitables con calidad de vida. Hay que tener en cuenta también los cambios que se puedan producir en el futuro en cuanto al comportamiento de movilidad y el tipo de vehículo escogido, para poder adaptarse posteriormente sin mucho esfuerzo.
No obstante, la puesta en práctica de este tipo de medidas de forma razonable solo es posible si se produce una redistribución de la asignación del espacio existente, ya que, por regla general, no se puede aumentar el espacio disponible. Precisamente esto es un gran obstáculo político. La supresión de plazas de aparcamiento, la reducción de carriles de circulación, la disminución del límite de velocidad, la creación de carriles para bicicletas asfaltados en parques, la prohibición de adelantar a ciclistas, la designación de ciclocalles o el cierre de calles principales para usuarios de bicicletas provocan una restricción de los derechos existentes. No es una tarea fácil para los políticos, que dependen de los votos de los ciudadanos, ni para todas las personas afectadas con sus diferentes ideas sobre la propia movilidad y la sostenibilidad, y otras necesidades diversas. Por este motivo, a menudo se intenta llegar a acuerdos que, a fin de cuentas, no logran ninguno de los objetivos planteados y, en definitiva, provocan confusión general e insatisfacción o, en el peor de los casos, más accidentes y víctimas. Un buen ejemplo de ello son las líneas que se trazan muchas veces en la calzada para delimitar las vías de servicio para ciclistas. La mayoría de las veces son demasiado estrechas para los ciclistas. Además, animan a los conductores de automóviles a realizar peligrosas maniobras de adelantamiento y, debido a la ausencia de un concepto global, estos carriles suelen terminar en el siguiente cruce. Las cifras solo quedan bien en las estadísticas municipales sobre la creación de infraestructura para ciclistas.
Un concepto integral en la planificación de infraestructuras requiere escuchar a tiempo a todos los implicados en la fase de planificación, con el fin de definir sus necesidades respectivas. Esto afecta también a la distribución de los costes de construcción o remodelación, así como a los costes y las tareas que surjan con posterioridad. En función del proyecto, además de las propias autoridades encargadas de las obras y los organismos responsables de la protección medioambiental y la movilidad, se trata de las empresas de transporte público afectadas, los organismos encargados de la limpieza de las calles, la policía y los servicios de emergencias, así como los proveedores de telecomunicaciones y empresas de suministros que se vean afectados. Dependiendo del alcance de las medidas, deberá escucharse también a las comisiones de accidentes, las asociaciones de peatones, los ciclistas o las personas con discapacidades, así como a los ciudadanos y ciudadanas que se vean afectados.